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El Consejero de Obras Públicas, Política Local y territorial del Gobierno de La Rioja, Antonino Burgos, clausuró la decimocuarta asamblea anual de la IMCAE (Intercambio de mutualidades de conductores de España), asociación gremial destinada de defender los intereses de los conductores y que en nuestra comunidad autónoma está representada por el Montepío de Conductores de La Rioja.

La asamblea, que se celebraba en Logroño con motivo del 90 aniversario del Montepío de Conductores de La Rioja, ha reunido a cerca de 120 personas en representación de los montepíos de Andalucía, Aragón, Alicante, Cataluña, Madrid y Valladolid, quienes analizaron la situación del sector y, en particular, el proyecto de ley de supervisión de los seguros privados que en la actualidad se tramita en las Cortes Generales.

Montepío de Conductores de La Rioja

El Montepío de Conductores de La Rioja-Centro de Protección de Chóferes, es una entidad de previsión social sin ánimo de lucro, de ámbito provincial y fundada en mayo de 1922 por un grupo de conductores que sintieron la necesidad de crear una mutua que les protegiera de su situación de indefensión ya que no tenían una cobertura que defendiera sus intereses en caso de accidente de tráfico.

Desde entonces las necesidades sociales de aquellos asociados, así como la normativa legal sobre las mutualidades han ido cambiando y adaptándonos a las variaciones con nuevos servicios y nuevas prestaciones. En la actualidad, el montepío cuenta en La Rioja con más de 6.000 mutualistas. En la actualidad, es Presidente de la entidad en la Rioja D. Angel Berrueta Echave.

El mutualismo es considerado como un sistema voluntario y complementario de la seguridad social obligatoria, goza de una larga tradición y arraigo en España y está regulado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Cualquier persona con permiso de conducir en vigor puede ser mutualista; basta con abonar la cuota anual con lo que se dispone de todos los servicios. Las prestaciones más solicitadas son las que tienen que ver con la asistencia jurídica (recursos de multas) y la gestión de las sanciones y retiradas del permiso de conducir.

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