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Imagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoLa alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, han informado de la celebración mañana en Madrid de una reunión del Consejo de Administración de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002. Una reunión solicitada por el Ayuntamiento y por el Gobierno de La Rioja a fin de tratar asuntos "urgentes, una vez que estamos a punto de finalizar la primera fase del proyecto".

Tal como ha señalado la alcaldesa y el consejero, "los representantes del Ayuntamiento y del Ejecutivo Regional vamos a plantear al Ministerio la renegociación del convenio firmado en 2002 por las tres administraciones, a fin de encarar las fases II y III". Se trata "de actualizar las aportaciones al momento actual", cuando han pasado casi veinte años y muchas cosas. En este sentido, hay que considerar -entre otros aspectos- que los gastos fueron estimados sobre estudios previos y no sobre los proyectos constructivos, que en aquel momento inicial no se tenían; los terrenos fueron tasados según el mercado de entonces y sin el elemento corrector que fue la fuerte crisis económica que vino después; con una normativa técnica menos exigente que la actual y sin tener en cuenta la creación de un instrumento gestor como es LIF.

Como han recordado Gamarra y Cuevas, la renegociación del convenio que dio origen a las obras de integración de las vías del tren en la trama urbana de la ciudad es una recomendación también del Tribunal de Cuentas. Así lo indica en su informe sobre el déficit de los soterramientos en España hecho público recientemente, con datos de 2016 y analizando la evolución que estos proyectos han tenido en 13 capitales españolas. En ese estudio Logroño era mencionado como uno de los soterramientos con ejecución modélica; en concreto era el segundo -después de Zaragoza- con mayor grado de ejecución -y los dos únicos por encima del 50%- y valorado como "uno de los pocos" en los que se fue riguroso al incluir las cuantificaciones de las actuaciones urbanísticas.

"Logroño ha hecho bien el trabajo, está a punto de finalizar la fase I y además quiere encarar las siguientes cumpliendo el compromiso con todos los vecinos, pero el posible déficit de la II y la III en ningún caso puede recaer sobre los socios locales sino que Fomento tiene que asumir un mayor protagonismo como tiene en otros soterramientos", ha señalado la alcaldesa.

Financiación de la fase I

En la fase I no existe déficit, al haber asumido ya todos los socios de LIF 2002 la financiación de las obras realizadas -a través de un préstamo sindicado de 220 millones- con sus correspondientes cargas. Sin embargo, "y a fin de aligerar estas cargas para Ayuntamiento y Gobierno regional", como ha destacado el consejero, trasladarán mañana otras reclamaciones a su socio Ministerio de Fomento. En concreto:

-Cumplimiento del convenio fundacional: En él aparecía el compromiso de que Fomento aportara 30 millones de euros -en concepto señalado como llegada de la alta velocidad-, "una cantidad que aún no ha hecho efectiva y que de hacerlo aliviaría mucho la carga financiera del conjunto de la sociedad al amortiguar los costes".

-Tratamiento de los activos cedidos: Fomento -a través de su gestor de infraestructuras ADIF- disfruta ya de una serie de activos (la propia infraestructura ferroviaria totalmente renovada, el edificio de la estación de trenes que permite no solo la prestación del servicio sino la explotación de locales...) "cuya financiación aún sigue siendo soportada por el conjunto de la sociedad".

-Refinanciación del préstamo: Las administraciones territoriales consideran que "vienen haciendo un esfuerzo desmesurado en la financiación de las obras del soterramiento" y consideran viable -tras lo expuesto anteriormente- que se refinancie el préstamo que va dando soporte a la fase I, "para lo que la postura que adopte el Ministerio resulta fundamental".

Todos estos aspectos han sido ya trasladados con anterioridad al Gobierno central. En concreto la alcaldesa y el consejero han hecho referencia a que se llegó a elaborar un protocolo de intenciones para variar las condiciones de participación de los socios en el proyecto, pero que no pudo llevarse a efecto porque algunos puntos debían ser objeto de una modificación del convenio. Asimismo, se solicitó una reunión con el secretario de Estado para abordar la situación -"cada vez de mayor urgencia, con el próximo fin de la fase I y la emisión de informe del Tribunal de Cuentas con sus recomendaciones"- pero al no producirse, Ayuntamiento y Gobierno Regional tomaron la decisión de solicitar este consejo presencial de LIF que se celebrará mañana en la sede del Ministerio.