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El Gobierno de La Rioja y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han firmado un convenio para mejorar la comunicación entre jueces y administración con el objetivo de proteger a las familias afectadas por desahucios en especial vulnerabilidad social. Los jueces, dentro de los márgenes que marca la ley, adecuarán la tramitación de los lanzamientos con el objetivo de evitar situaciones de desamparo como consecuencia de la pérdida de la vivienda habitual (propia o en alquiler).

Emilio del Río, como consejero de Presidencia y Justicia, y Fernando de Rosa, Vicepresidente del CGPJ, han firmado este convenio que establece un protocolo de actuación que permita detectar los casos de especial vulnerabilidad y activar las medidas de protección social establecidas por los departamentos de Justicia, Servicios Sociales y Vivienda.

Los jueces se preocuparán expresamente de que los afectados hayan sido informados clara y verazmente de las posibilidades del Código de Buenas Prácticas Bancarias y procurarán adecuar la tramitación del proceso judicial para garantizar la tutela y efectividad de los afectados.

El convenio se fija en los desahucios de vivienda tanto en propiedad como de alquiler y establece que será la Consejería de Salud y Servicios Sociales la encargada de analizar la problemática concreta de los afectados y derivar, si procede, hacia los diferentes recursos de la administración.

La administración central, el Gobierno de La Rioja y los ayuntamienos han puesto en marcha en los últimos tiempos diferentes medidas para atender a las familias afectedas por desahucios. En este sentido, el Servicio de mediación integral, que atiende de manera personalizada a los afectados por desahucios, ya se ha encargado de más de 200 casos.

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