23 de julio de 2013

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El Ministerio de Fomento ha reservado 41 millones de euros para la financiación de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 en La Rioja, según ha informado la Directora general de Urbanismo y Vivienda, Marian Ortigosa, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda.

El plan estatal cuatrienal (2013-2016) está dotado con 2.421 millones de euros para toda España (salvo Navarra y País Vasco) con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, en especial a las personas con escasos recursos económicos, y contribuir a la reactivación de la economía y la creación de empleo.

Marian Ortigosa ha afirmado que los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Vivienda para aplicar el plan estatal, las leyes de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y de Fomento del Alquiler "se adoptaron por unanimidad, lo que evidencia la voluntad de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas; que la línea de actuación es la correcta y que se están acordando las medidas que demandan los ciudadanos".

Una vez aprobado el criterio para el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar en breve las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para establecer los cupos de las ayudas a inquilinos, alquiler social, rehabilitación de edificios o actuaciones de regeneración urbana. Estos fondos tendrán como destino prioritario el fomento del alquiler de vivienda.

Las comunidades autónomas coincidieron con el Gobierno de España en la necesidad de crear un registro de viviendas protegidas, atendiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, e incrementar la protección a aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual, además de facilitar el alquiler social y promover la ocupación de las viviendas vacías.

Además se acordó la creación de un grupo de trabajo para elaborar el plan estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación 2014-2020 con objeto de facilitar a las comunidades de propietarios la gestión de los proyectos de rehabilitación.

También se pretende favorecer la movilidad laboral y, para ello, se permitirá que las familias que deban mudarse a otras comunidades autónomas por motivos laborales puedan seguir cobrando las ayudas al alquiler.

Asimismo, se acordó la creación de un censo de contratos de arrendamiento dado que en España no existe ninguna estadística oficial que recoja cuántas familias viven de alquiler o cuál es el precio medio de la renta que pagan, entre otras cuestiones.

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