2 de diciembre de 2010

Murcia - Murcia Herráiz Ramos

La organización COAG en Valencia asegura que la ratificación del acuerdo de liberación comercial entre la UE y Marruecos "nos deja en jaque-mate" y por eso pidió el apoyo de los políticos murcianos, andaluces y valencianos "para salvar, por lo menos, los muebles".

Según su presidente autonómico, Emilio Rico, "lo que se nos viene encima no es pequeño, pues posiblemente estemos ante la mayor liberalización de los productos agrarios".

Por su parte, el responsable nacional de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, reclama que el Consejo de la Unión Europea no ratifique la renovación del Acuerdo de Asociación con Marruecos cerrada a finales del año 2009.

De hecho, COAG rechaza la liberalización de aquellos productos catalogados en el Acuerdo de Asociación como no sensibles, es decir que quedarían sin protección alguna, como el pimiento, la naranja, la sandía y el melón.

Por tanto, piden que ningún producto hortofrutícola quede liberalizado en virtud de este acuerdo; y la ampliación de los contingentes actuales para las importaciones hortofrutícolas procedente de Marruecos.

Asimismo, demandan el mantenimiento del principio de preferencia comunitaria como garantía de la soberanía alimentaria europea y exigen la adaptación de los precios de entrada a los costes reales de producción europeos, de cara a mantener el equilibrio de la competitividad en el mercado comunitario.

Por otra parte, también se reclama la puesta en marcha de certificados de importación para todas las importaciones de origen marroquí, en tanto en cuanto no se mejoren los mecanismos de control establecidos en el Acuerdos de Asociación en lo referente a precios de entrada, cupos de exportación e inspecciones fitosanitarias.

Asimismo, demandan que se sancione a los Estados miembros que descuiden el control comercial de sus fronteras y piden la inclusión de cláusulas sobre condiciones laborales, sociales o medioambientales en los países terceros en los acuerdos comerciales.

La organización exige además una información precisa y sistemática sobre el estado real de la entrada de producto a la UE proveniente de países terceros, así como del pago de las tasas arancelarias correspondientes por parte de los agroexportadores en caso de superación de los contingentes o precios de entrada establecidos y el establecimiento de medidas compensatorias para los productores españoles generadas por las dificultades que generan los acuerdos bilaterales de liberalización comercial para numerosos productores y numerosas regiones.