Todas las empresas deben tener presente el deber de tomar las medidas adecuadas para evitar vertidos accidentales que puedan ser potencialmente peligrosos para la seguridad de las personas, redes e instalaciones de saneamiento y depuración.
Si se llegará a producir un vertido prohibido susceptible de originar una situación de emergencia o peligro por accidente o fallo de funcionamiento, se deberá comunicar inmediatamente la circunstancia al titular de las redes e instalaciones o, en su caso al Consorcio, con el objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran causarse.