La trata con fines de explotación sexual constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona, así como una terrible forma de violencia machista que afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo.

La vulnerabilidad de las víctimas, unida a la falta de respuestas institucionales y de recursos específicos, obstaculiza la denuncia de la situación, resultando muchas veces en la impunidad de los agresores, a pesar de tratarse de una forma de delincuencia grave que suele implicar a organizaciones delictivas a las cuales la explotación de las víctimas proporciona importantes beneficios.

Resulta imprescindible que las instituciones abordemos la trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos, priorizando la protección de las víctimas y la prevención del delito, de acuerdo a los instrumentos jurídicos internacionales y de la Unión Europea, particularmente el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia) y las recomendaciones del Grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA), así como de los instrumentos internacionales referentes en igualdad de género (Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y Plataforma de Acción de Beijing (1995).

Además, debemos siempre tener presente el enfoque de género al abordar la trata con fines de explotación sexual, puesto que el 95% de las víctimas en Europa son mujeres y niñas, de acuerdo a los datos obtenidos por Eurostat (2015). Desde este punto de vista, resulta fundamental señalar la relación existente entre la demanda de prostitución y la existencia de la trata con fines de explotación sexual, puesto que la segunda no existiría sin la existencia de la
prostitución. La prostitución es, además, una actividad incompatible con la igualdad de género, al situar a la mujer en posición de objeto de consumo para el demandante varón.

Desde estos puntos de vista, el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja considera la trata con fines de explotación sexual una prioridad a erradicar, teniendo presente que es necesario para ello incidir sobre la demanda de prostitución y ofrecer recursos específicos a las mujeres en contextos de prostitución.

El presente diagnóstico de mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual en La Rioja es la primera de las actuaciones realizadas desde el Observatorio de Derechos Humanos para conocer la situación existente, con el objetivo de articular recursos específicos para las víctimas, en coordinación con otras Direcciones Generales e Instituciones, cuya colaboración ha sido imprescindible para realizar este estudio.

El estudio realizado es el primero efectuado en La Rioja, donde se ha constatado que existe una demanda de recursos por parte de las víctimas fruto de una escasez previa de los mismos. Además, la pandemia ocasionada por el COVID-19, que ha provocado un aumento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución, debido al gran riesgo de contagio y al traslado a pisos en los que aumenta el grado de aislamiento y dificulta el
desmantelamiento de redes de proxenetas.

Este diagnóstico es además el primero realizado en nuestro país durante la situación de pandemia, lo cual ha dificultado la realización del trabajo de campo. No obstante, la presente investigación aporta importantes datos desde el punto de vista cualitativo, es decir, nos permite conocer la dura realidad de las mujeres en contextos de prostitución a través de sus relatos vitales. Estos nos muestran una constante situación de vulneración de derechos y de violencia
en sus vidas, lo que provoca a la par una sensación de desamparo y la normalización de esta realidad.

Las instituciones que trabajamos por garantizar los derechos humanos, tenemos la obligación de situar la trata con fines de explotación sexual entre nuestras prioridades, trabajando coordinadamente para erradicar esta realidad y atender a las víctimas, esas mujeres y niñas que sufren la manifestación más desgarradora y cruel del sistema patriarcal.

Desde esta convicción, la Dirección General de Participación y Derechos Humanos se propone trabajar para combatir la trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos y de género, de manera conjunta y coordinada con el resto de profesionales, Direcciones Generales Autonómicas, instituciones del Gobierno de España y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en la lucha contra esta grave forma de delincuencia, a quienes agradece profundamente la colaboración prestada en la realización del presente estudio.

Sara Carreño Valero
Directora General de Participación y Derechos Humanos


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