La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario tiene como objetivo reducir de forma significativa el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el consumidor final, promoviendo un uso más eficiente de los recursos, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

Esta normativa es de aplicación a todos los operadores de la cadena alimentaria, desde la producción y transformación hasta la distribución, el comercio minorista y la hostelería, y establece obligaciones comunes orientadas a prevenir la generación de excedentes y a garantizar un destino adecuado de los alimentos.

Con esta normativa, la Comunidad Autónoma de La Rioja reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y la protección de los recursos naturales, en coherencia con las directrices nacionales y europeas en la materia.



Operadores agroalimentarios



Las obligaciones que dicta la Ley se aplican a todos los operadores que colaboran en la cadena alimentaria:

  • Agricultores y transformadores
  • Distribuidores
  • Comercios
  • Hoteles, restaurantes y cafeterías (canal HORECA)
  • Entidades sociales que donan alimentos

Están exentas de esta obligación ciertas microempresas (menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación) y pequeños comercios de alimentación (con superficie de venta inferior a 1.300 m²).


Obligaciones para todos los operadores alimentarios



De forma general las principales obligaciones son:

  • Prevenir la generación de desperdicio (artículo 5), incorporando buenas prácticas en sus procesos productivos, logísticos y comerciales. La prevención se sitúa como el eje central de la ley y debe integrarse en la gestión habitual de las empresas.

  • Aplicar la jerarquía de prioridades (artículo 5), empezando siempre por el consumo humano y, cuando no sea posible, se sigue con la donación o la redistribución de alimentos aptos, con la transformación en otros alimentos, con la alimentación animal o con otros usos industriales y energéticos.

  • Facilitar la donación y la redistribución de alimentos (artículo 6-7), promoviendo acuerdos con entidades sociales u organizaciones sin ánimo de lucro, garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad.

  • Disponer de un plan o medidas de prevención del desperdicio alimentario (artículo 6), que identifiquen puntos críticos y acciones de mejora continua.

  • Registrar y cuantificar las pérdidas y el desperdicio alimentario (artículo 5), con el fin de conocer su origen, evaluar la eficacia de las medidas de prevención y facilitar el seguimiento por parte de las administraciones.

  • Informar y sensibilizar (artículo 6) a trabajadores, clientes y consumidores sobre prácticas responsables de consumo y aprovechamiento de alimentos.

  • Colaborar con las administraciones públicas (artículo 6), facilitando la información requerida en las actuaciones de control e inspección.

  • Cumplimiento y régimen sancionador (artículo 20-21) reforzando el carácter obligatorio de la ley, ya que si hay incumplimiento puede existir sanción.




Plan de control


Para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, las administraciones públicas desarrollan un Plan de control y supervisión que permite verificar la correcta aplicación de las obligaciones por parte de los operadores agroalimentarios, promover buenas prácticas y corregir los incumplimientos.


Este Plan de control deberá incluir, entre otros aspectos:

  • La verificación del cumplimiento de la jerarquía de prioridades, incorporando la donación o la redistribución de alimentos. Los operadores deberán cumplir con las obligaciones de registro, medición y control de las pérdidas y el desperdicio.

  • Las actuaciones de supervisión e inspección, que pueden realizarse de forma presencial o documental (procedimientos de gestión de excedentes, registro de desperdicios, acuerdos de donaciones a entidades sociales, medidas para prevenir la generación de desperdicio).

  • El seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas, con el objetivo de mejorar su eficacia.

  • La coordinación administrativa entre las distintas administraciones públicas, garantizando coherencia en los criterios de actuación y evitando duplicidades, especialmente en comunidades autónomas y entidades locales.

  • Una aplicación del régimen sancionador, con el objetivo de corregir conductas y reforzar el carácter obligatorio de las medidas de prevención.

  • El fomento del asesoramiento a los operadores y la difusión de unas buenas prácticas.



Normativa:



Más información:

Aspectos más relevantes de la Ley

Preguntas y respuestas

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Contacto

Servicio de Calidad Agroalimentaria

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