Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria va dirigida a todos los que se dedican profesionalmente a la producción, transformación, distribución y venta de productos alimentarios. Tiene como objetivos evitar la destrucción de la cadena de valor, lograr la transparencia en la formación de precios y en las relaciones comerciales y garantizar una competencia justa que redunde en beneficio del sector y de los consumidores.

Una de las medidas es la obligación de firmar un contrato alimentario entre cualquier eslabón de la cadena. El contrato debe incluir el contenido mínimo que establece la ley y se tiene que formalizar por escrito antes de la entrega de los productos agrícolas o alimentarios.

Desde el 30 de junio del 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios todos los contratos formalizados entre los compradores y los productores primarios o las agrupaciones de éstos.