17 de febrero de 2010

Maite Rodríguez estrenó unas botas la Nochevieja de 2008 y todavía lo está lamentando. Durante la fiesta empezó a sentir picores en los pies y, a la mañana siguiente, tenía granos y pequeñas quemaduras. Semanas después se le hincharon cuatro números por encima de la talla habitual. Hoy, con 24 años, sufre secuelas en forma de dolores musculares e intolerancia al calor. Las pruebas concluyeron que la causa era el dimetilfumarato, un producto prohibido por la normativa española y europea desde hace un año y que se utiliza como conservante fungicida en distintos artículos, principalmente calzado y sofás, procedentes de China.

En 2009, las autoridades españolas retiraron del mercado o destruyeron 114.173 pares de zapatos contaminados, a los que se suman otros 87.876 rechazados en aduana, según datos del Instituto Nacional de Consumo (INC). En total, más de 200.000 unidades retiradas del mercado en el primer año de prohibición.

Consumo había ordenado paralizar cautelarmente la comercialización de artículos con dimetilfumarato a finales de 2008. En marzo de 2009, una decisión de la Comisión Europea instaba a su retirada y este mes de enero se publicaba en el BOE la orden que prohíbe el comercio de productos con dimetilfumarato.

Los zapatos con este tóxico proceden en su práctica totalidad de China, según un portavoz del INC, pero se vendían en todo tipo de tiendas con marcas como Coolway, Amelia Zaragoza, Love Red, Pasite o Gioseppo. La Asociación de Afectados por el Dimetilfumarato afirma que constan unos 300 casos de lesiones, y que en sólo dos de ellos los zapatos se habían adquirido en un establecimiento chino. Por esta misma sustancia alergénica, Consumo destruyó en torno a 2.000 sofás.

Maite pasó nueve días en el hospital. "Tenía los pies imponentes, amoratados, y no me cabían ni los zapatos de mi padre", relata. "Un mes después, me salieron los mismos granos en la espalda. Me dijeron que podía deberse a que aún tuviera restos del tóxico en el cuerpo".

Fue el comienzo de un calvario que no ha terminado. Más de un año después asegura resentirse de las secuelas: "Me dan calambres tan fuertes que me tengo que sentar. Y no tolero el agua caliente. Cada día en la ducha es horrible, los puntos donde tuve heridas se hacen visibles y me duelen. Son síntomas que tengo en común con otros afectados".

En Andalucía se destruyeron, inmovilizaron o retiraron 15.000 unidades de calzado contaminado el año pasado, según la Dirección General de Consumo andaluza. Es la comunidad que más alertas emitió por este motivo en 2009 (78), seguida por Castilla y León (45) y Galicia (37).

"La sustancia es irritante, actúa sobre la piel y los ojos, y a concentraciones muy bajas (un microgramo por gramo) puede producir reacciones alérgicas", se lee en la Memoria de Seguridad de 2008 del INC.

El problema también se ha dado en sofás. El conservante se envasa en bolsitas que se insertan en los brazos y los asientos. Diego Jiménez (Murcia) y su mujer compraron cuatro sillones en enero de 2007 y a los pocos días les salió un eccema en la espalda. Jiménez leyó sobre las intoxicaciones por dimetilfumarato en una publicación médica extranjera: "Mi dermatólogo me hizo las pruebas y di positivo". A finales de 2008, en Valencia, se analizaron unos sofás de la misma partida y también dieron positivo. "Denuncié ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que consideró que no había delito contra la salud pública".

La bolsa de conservante no siempre aparece en las cajas de zapatos contaminados. No estaba en la de las botas que Marga Santamaría, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por Dimetilfumarato compró en Valladolid en noviembre de 2007. Al padecer la alergia, puso una denuncia en Consumo de Valladolid y sus botas se enviaron a analizar al Centro de Investigación y Control de Calidad del INC, donde dieron positivo en dimetilfumarato.

"Pensamos que algunas tiendas tiran la bolsita pero no retiran el artículo. Es necesario que se refuercen las inspecciones", afirma un portavoz de la asociación de consumidores Facua, que coincide con Marga en la necesidad de que haya campañas de información al usuario.

La asociación puso una denuncia por la vía penal en la Audiencia Provincial de Vitoria. "El juez no vio que hubiera un delito contra la salud pública. Ahora estudiamos la posibilidad de acudir a la Audiencia Nacional. Queremos que se esclarezcan los hechos", sostiene Marga.