La Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), mantuvo el 26 de febrero una reunión con representantes de la producción primaria agrícola y ganadera, la industria y la distribución agroalimentaria para presentar el documento "Impacto de las normas comunitarias en la competitividad del sector primario y agroalimentario".
Este documento, que forma parte de las iniciativas de la presidencia española de la Unión Europea (UE), pretende abrir una reflexión acerca del modelo productivo comunitario y su competitividad en mercados cada vez más abiertos, donde las diferencias de costes a menudo constituyen el principal factor determinante del éxito comercial. Los representantes sectoriales manifestaron durante la reunión su satisfacción por la iniciativa planteada, así como con las propuestas de acción recogidas en el documento, para lo que ofrecieron su colaboración para el futuro desarrollo de los debates a escala comunitaria.
El modelo europeo de producción conforma una serie de requisitos que abarcan aspectos como la sanidad animal y vegetal, la trazabilidad, cuestiones éticas como el bienestar animal y, en un sentido más amplio, la inocuidad de los alimentos y piensos. Estos requisitos tienen como consecuencia directa la puesta en el mercado de productos agroalimentarios con unos estándares de calidad muy altos, pero sometidos a unos costes de producción muy superiores a otros modelos productivos que también acceden al mercado comunitario y compiten en mercados exteriores. Con el fin de optimizar los costes que el modelo europeo de producción supone, alinear sus principios con los intereses de los consumidores comunitarios y de terceros países, y garantizar la sostenibilidad, económica y ambiental de la producción primaria, la presidencia española desea plantear un amplio debate comunitario.
En este debate se abordarán aquellos aspectos del modelo productivo que puedan influir de forma directa en la citada sostenibilidad económica, y las vías para aunar los intereses de los consumidores y la competitividad de la producción primaria. Las opciones para lograr estos objetivos pasan por tres ámbitos de actuación: un marco normativo que garantice la competitividad, un marco de acuerdos internacionales equilibrado y una adecuada retribución a los agricultores por su esfuerzo en ofrecer productos acordes con las demandas de los consumidores.