La educación es un derecho fundamental y a su vez es un derecho habilitante con impacto directo en la consecución de otros derechos humanos. Hay cada vez un consenso más generalizado de que el impacto negativo del cierre de centros educativos supera con creces los posibles beneficios relacionados con el control de la transmisión de la infección, por lo que el cierre de centros educativos debe ser una medida de último recurso.
Las medidas preventivas frente a COVID-19 en centros educativos han demostrado ser efectivas y han permitido en España mantener la educación presencial durante el curso 2020-2021 y el actual. Por ello, y para hacer frente a la fatiga pandémica, se considera necesario reforzar la implementación y el cumplimiento de las medidas clave de prevención en centros educativos, así como revisar la adaptación de las medidas según los escenarios de transmisión, tal y como se establece en la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022: "los escenarios se revisarán a lo largo del curso, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", así como en centros universitarios.
En el siguiente documento pueden verse las medidas de refuerzo y prevención COVID-19 en centros educativos y universitarios así como la guía de actuación de casos de COVID-19:
Medidas de refuerzo y prevención (377.5 KB) (3 páginas)
Guía de actuación (504.5 KB) (4 páginas)